Una encuesta de La Unió Llauradora i Ramadera revela que, en la práctica, el sector del regadío de la Comunitat Valenciana sigue sin disponer de un sistema claro, estable y operativo que permita contratar dos potencias eléctricas en función de la temporada, pese a la existencia de normativa que contempla esta posibilidad.
El estudio, realizado en el marco del proyecto ParticipAGRO con el respaldo de la Generalitat Valenciana, recoge la participación voluntaria de 54 Comunidades de Regantes y grandes explotaciones agrarias de regadío.
Los resultados muestran que la posibilidad de disponer de dos potencias eléctricas a lo largo del año no se está aplicando de forma efectiva, lo que impide adaptar el suministro a las necesidades estacionales del regadío y genera sobrecostes, incertidumbre y una gestión energética poco eficiente.
En concreto, solo un 33% de los encuestados afirma disponer de algún tipo de sistema que permitiría variar la potencia, aunque en muchos casos se trata de soluciones puntuales, no estandarizadas o de difícil aplicación. Por el contrario, el 67% restante no tiene acceso a esta modalidad. Además, el 100% de los participantes coincide en que no existe un sistema claro, accesible y permanente que facilite este tipo de contratación.
La encuesta también pone de relieve importantes dificultades operativas. Una parte significativa de los usuarios que han intentado acceder a esta opción no ha recibido respuesta por parte de su comercializadora, mientras que otros han obtenido respuestas ambiguas o propuestas que no se corresponden con un sistema regulado y generalizable. De hecho, el 50% de los participantes afirma que no se le ofreció ninguna solución.
Según LA UNIÓ, esta situación evidencia que existe una clara diferencia entre el reconocimiento formal de esta posibilidad en la normativa, a través del Real Decreto 88/2026, y su aplicación real en el mercado eléctrico, lo que está impidiendo a agricultores y regantes ejercer de forma efectiva este derecho.
Los regantes denuncian además que el actual sistema tarifario no se adapta a la estacionalidad del riego, obligando a contratar potencias elevadas durante todo el año, incluso en periodos sin consumo, lo que incrementa de forma innecesaria los costes de producción. A ello se suma la complejidad de los contratos eléctricos, que obliga en muchos casos a recurrir a asesoramiento externo, y la dificultad para planificar en un contexto de creciente incertidumbre climática.
LA UNIÓ considera que la situación actual pone de manifiesto que, aunque se han introducido elementos normativos orientados a facilitar la flexibilidad en los contratos eléctricos, estos no se han traducido en un sistema plenamente operativo, accesible y aplicable de forma generalizada para el sector agrario.
Para la organización, no es suficiente con la existencia de previsiones normativas si estas no permiten en la práctica contratar dos potencias eléctricas de forma sencilla, clara y sin depender de interpretaciones dispares por parte de las comercializadoras.
Ante esta situación, LA UNIÓ insiste en la necesidad de implantar una tarifa eléctrica específica para el regadío que permita ajustar la potencia a la demanda real y evitar penalizaciones en los meses de mayor consumo.
Los resultados de la encuesta serán trasladados tanto a las administraciones públicas como a las compañías eléctricas, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad del regadío valenciano.
