El fuerte movimiento solidario que ha surgido tras la DANA ha generado numerosas donaciones y ayudas privadas destinadas a los damnificados. Para fortalecer estas iniciativas, la Unió Llauradora i Ramadera ha propuesto al Gobierno de España, por una parte, que haya deducciones fiscales para las donaciones solidarias, equiparándolas a las realizadas a entidades de mecenazgo reconocidas por la Ley 49/2002 y, por otra, la exención fiscal para los beneficiarios de ayudas privadas, garantizando que estas no se incluyan en la base imponible del IRPF ni del Impuesto sobre Sociedades, evitando así una carga fiscal injusta para los afectados.
Por otra parte, LA UNIÓ sigue solicitando al Gobierno de España un conjunto de nuevas medidas fiscales y administrativas o ampliaciones o modificaciones de las ya aprobadas, con objeto de apoyar a los afectados por la DANA que ha provocado daños devastadores en la Comunitat Valenciana. Las propuestas buscan dar respuesta a las necesidades de agricultores, ganaderos y otros sectores afectados, garantizando la recuperación económica y social de una manera ágil y eficaz.
LA UNIÓ insiste en la necesidad de ampliar el listado de localidades afectadas por la DANA y propone que se incluyan las siguientes:
En la provincia de Valencia, y ahora con el respaldo de la Resolución de la Conselleria de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana que ha incluido la mayoría de las siguientes poblaciones como afectadas y por tanto, con derecho a ayudas a la vivienda y municipios, pero sin acceso a las ayudas agrarias: La Pobla Llarga, Carcaixent, Castelló, Chulilla, l’Ènova, Manuel, Millares, Rafelguaraf, Senyera, Torís, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel. En la provincia de Castellón: Alcalà de Xivert, Altura, Atzeneta, Benassal, Benicarló, Borriol, Cabanes, Càlig, Canet lo Roig, Catí, Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Higueras, La Pobla Tornesa, La Salzadella, La Serratella, La Serra d’en Galceran, La Torre d’en Besora, Les Coves de Vinromà, Morella, Orpesa, Peníscola Rossell, Sant Mateu, Santa Magdalena, Tírig, Torreblanca, Vall d’Alba, Vallibona, Vilar de Canes, Vilafranca, Villanueva de Viver, Vinaròs, Xert. La inclusión de estos municipios permitirá a los agricultores y ganaderos afectados acceder a las medidas y ayudas establecidas en el Real Decreto-ley necesarias para la reparación de infraestructuras y la recuperación de la actividad agraria.
La organización también demanda que se reduzca el umbral de daño del 40% al 30% para acceder a ayudas y aumentar el límite de las ayudas de 25.000 a 42.000 euros, alineándose con la normativa europea en tramitación.
Hay que señalar que entre los bienes más afectados por la DANA se encuentran más de 120.000 vehículos, incluyendo maquinaria agrícola esencial para la actividad productiva. Muchos de estos vehículos han sido declarados en pérdida total, lo que implica la necesidad de establecer procedimientos claros y justos de compensación. Además de trasladarlo a la Presidencia del Gobierno, LA UNIÓ ha contactado con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que ha mostrado su apoyo a una de las medidas clave propuestas. La primera es la devolución automática de la prima de seguro no consumida. Este procedimiento garantizaría que los asegurados reciban el importe correspondiente a la prima no consumida en caso de pérdida total del vehículo. La devolución debería ser automática, sin que el afectado deba presentar una solicitud adicional, y se ingresaría en la cuenta bancaria del asegurado. Sin embargo, algunas compañías aseguradoras plantean destinar este importe a futuras pólizas del mismo cliente. LA UNIÓ insiste en que esta opción no es válida en todos los casos porque puede ocurrir, por ejemplo, que el asegurado no adquiera un nuevo vehículo o decida cambiar de compañía aseguradora. Por ello, la organización reitera la necesidad de un sistema de devolución directa que garantice a los afectados su derecho a recibir el importe no consumido, fomentando un trato equitativo y transparente.
Como parte de las acciones de apoyo, LA UNIÓ propone también reducir los impuestos para los vehículos y maquinaria agrícola que los afectados necesiten adquirir como reposición. Son el IVA reducido y eliminación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) para bienes nuevos, la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de vehículos y maquinaria usados. Estas medidas aliviarían una carga financiera inmediata de los afectados y fomentarían la recuperación del sector agrario, simplificando los trámites y mejorando la liquidez en un momento crítico.
