La Unió Llauradora muestra su profunda preocupación ante la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo que establece un contingente arancelario de entrada a la UE de 500.000 toneladas de frutos secos (almendra, nuez, pistacho y otros) procedentes de Estados Unidos con arancel 0%.
Ante esta situación, la organización ha presentado ya dos enmiendas a los eurodiputados en diversas reuniones mantenidas estos días en Bruselas para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III para garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE. También se pide en una segunda enmienda suprimir toda referencia a dichos productos en el preámbulo del Reglamento, con objeto de asegurar la claridad jurídica, la coherencia legislativa interna y la protección adecuada de un sector estratégico para la economía y el medio rural europeo. La organización agradece a Compromís y a su eurodiputado valenciano Vicent Marzà que lo haya visto de la misma forma, incluyendo ya entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización.
“Esta decisión supone una amenaza grave e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo y, en particular, para las explotaciones de secano de la Comunitat Valenciana, altamente dependientes de la renta agraria y de la estabilidad del mercado interior. Las importaciones masivas facilitan además que los grandes industriales elaboren turrones bajo marcas de calidad como el Consejo Regulador IGP Turrón de Jijona y Alicante donde luego no identifican la procedencia del país de origen, aprovechándose de una marca ligada al territorio y a la proximidad para lanzar un mensaje engañoso al consumidor”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
El sector de frutos secos contribuye de forma decisiva a la cohesión territorial, el mantenimiento de la población en el medio rural, la adaptación climática, la prevención de incendios forestales y la sostenibilidad del paisaje agrario europeo. Además, cumple estrictos estándares ambientales, laborales y fitosanitarios que no son equiparables a los exigidos a las importaciones procedentes de Estados Unidos, lo que genera una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad de miles de explotaciones familiares. Igualmente, la ausencia de una evaluación de impacto específica para los frutos de cáscara refuerza la necesidad de aplicar el principio de precaución y de proteger un sector clave para la economía rural y el medio ambiente europeo.
La apertura de un contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel 0% para frutos de cáscara originarios de Estados Unidos constituye un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior. Cabe señalar que los datos históricos certifican que las importaciones anuales de dicho contingente han crecido desde el año 2000 a razón de un 6% anual hasta alcanzar cifras prácticamente equivalentes al volumen contingentado propuesto, con medias anuales en el último quinquenio de más de 450.000 t. Ello evidencia una tendencia creciente que el contingente propuesto no solo consolida, sino que puede acelerar. Por tanto, el contingente equivaldría a una liberalización total del mercado, con un riesgo evidente de sobreoferta brusca y fuerte presión a la baja sobre los precios en origen.
La utilización del contingente podría concentrarse además, a juicio de LA UNIÓ, en períodos concretos, con impactos inmediatamente lesivos sobre la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en países mediterráneos donde el cultivo de frutos secos se desarrolla en condiciones agroclimáticas difíciles y con mayores costes regulatorios. “La viabilidad económica del sector es ya frágil, miles de explotaciones familiares dependen de precios estables para sostener su actividad, y un shock comercial de esta magnitud puede desencadenar abandono rural, pérdida de empleo, desertificación y retrocesos en objetivos ambientales clave de la Unión”, señala Carles Peris, quien incide en que “este sector desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, fijación de población, prevención de incendios, protección de suelos y captura de carbono. La desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias comprometería estos bienes públicos que la PAC busca preservar”, concluye.
Las condiciones de producción y regulación entre la UE y Estados Unidos no son equiparables. Los agricultores europeos están sujetos a normas mucho más estrictas en materia de uso de fitosanitarios, sostenibilidad y protección ambiental, mientras que en Estados Unidos se permiten sustancias prohibidas en territorio comunitario. Esta asimetría normativa crea una competencia desleal que penaliza precisamente a quienes cumplen los objetivos ambientales. Por otro lado, el riesgo fitosanitario y de inocuidad alimentaria asociado a un aumento súbito de importaciones requiere reforzar controles, con costes públicos añadidos y posibilidad de introducción de plagas o contaminantes como aflatoxinas. Fuente y foto: La Unió
