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El sector citrícola español podría salir triplemente perjudicado por la guerra en Ucrania. De un lado, porque las sanciones al régimen de Putin y la situación bélica en el Mar Negro han complicado las exportaciones hortofrutícolas a Rusia –ya vetadas a los europeos desde 2014-, lo que podría estar reorientando la oferta de países competidores como Egipto, Marruecos o Turquía hacia la UE, presionando los precios a la baja.

Del otro, porque la crisis ha acelerado el crecimiento de todos los costes de producción, ya iniciado antes del conflicto. Y, finalmente, porque ante la carestía de cereal generada -Ucrania y Rusia representan el 30% del comercio mundial de trigo; el 32% de cebada; el 17% de maíz y el 50% de girasol- han aumentado las voces en los Estados miembros –empezando por el Gobierno de España- que abogan por una rápida ratificación del Tratado de la UE con Mercosur. Un acuerdo que fue suscrito por Bruselas en 2019 y que sigue paralizado desde entonces. Quienes defienden tal cosa pretenden facilitar la importación ma-siva de grano desde Argentina y Brasil (que junto a Uruguay y Paraguay integran esta área de libre comercio). El Comité de Gestión de Cítricos (CGC), por el contrario, rechaza esta alternativa y es más, la considera una "trampa". Así se manifiesta su presidenta, Inmaculada Sanfeliu, quien advierte que hacer tal cosa "sólo fa-vorecería a las grandes corporaciones agroindustriales –que también dominan el mercado mundial de zumo de naranja- y serviría para recompensar a Brasil, que está desmantelando su política medioambiental". De hecho, un estudio de la Fundación Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) –que monitoriza vía satélite el Amazonas- advierte que por efecto directo de la mayor demanda europea derivada del nuevo acuerdo, la deforestación aumentaría entre 122.000 y 260.000 hectáreas en pocos años, según los seis escenarios alternativos examinados.

Como viene denunciando el CGC, el tratado con Mercosur tendrá también gran impacto sobre la citri-cultura española. Aunque Brasil produce y exporta mayoritariamente zumo de naranja a base de concentrado, ha desarrollado la producción de zumo 100% exprimido, que es de mayor calidad y más apreciado por el consumidor. Paralelamente, ha penetrado en la UE con 'zumo 100% exprimido' (Not Frozen Concentrate, NFC). España produce zumo NFC que va destinado en su mayor parte a Europa, que consume unas 250.000-300.000 Tm de origen español y 750.000-850.000 Tm de Brasil. Los bajos costes de producción y transporte marítimo permiten a los procesadores brasileños ofrecer el zumo '100% exprimido' a un precio muy barato puesto en Rotterdam o Gante, a pesar de que en la actualidad se le aplica un arancel del 12,2%. Brasil lidera el suministro del zumo tanto en volumen como en precio, y los mercados no aceptan el español a precios por encima del brasileño.

"El desmantelamiento arancelario que supone este tratado se traduciría en una reducción drástica del precio al citricultor por la parte de la fruta que hoy necesariamente tiene que desviarse a transformación", advierte Sanfeliu. Más allá de amenazar la supervivencia de la industria española de zumos, el precio mínimo de las naranjas en fresco –definido ahora por la transformación- quedará entonces en manos de tres grandes corporaciones brasileñas: Citrosuco, Cutrale y Louis Dreyfus Company. Este último, es uno de los mayores productores de commodities –azúcar, soja, algodón, café y oleaginosas- del planeta, con fuerte presencia en Argentina y una facturación próxima a los 40.000 millones de dólares.

El CGC, por otra parte, pone el acento en la incongruencia que supondría que la UE pasara por encima de las exigencias medioambientales y confirmase este tratado mientras mantiene en Europa el llamado 'Pacto Verde'. Un macroproyecto que, en agricultura y entre otros objetivos, plantea reducir un 50% el uso de fitosanitarios y fertilizantes antes de 2030. Conviene recordar a este respecto, más allá de la oposición mostrada por Francia, Austria, Países Bajos o Bélgica a ratificar este acuerdo hasta que no se cumplan las normativas europeas sobre fitosanitarios y se introduzcan cláusulas de respeto medioambiental, que el propio Parlamento Europeo, en resolución del 16 de septiembre de 2020, exigió que todos los tratados comerciales que suscriba la UE deben incluir garantías claras para combatir la deforestación. El de Mercosur, pese a los aparentes compromisos del presidente Bolsonaro con el Acuerdo de París, no cumple: en el tratado, la meta de alcanzar las cero deforestaciones ilegales se aplaza hasta 2030, el capítulo sobre Desarrollo Sostenible carece de sanciones, no permite el control de la sociedad civil y tiene un proceso de resolución de disputas que, en la práctica, favorece a los infractores.

Por la vía de los hechos, Brasil está demostrando que su modelo no respeta las exigencias medioambientales: un año después de consumar la mayor deforestación de la selva amazónica en, al menos, 14 años, se encamina hacia un nuevo récord en 2022 y solo en febrero, 303 km² de bosque nativo fueron destruidos en la Amazonía Legal, un 70% más que en el mismo mes de 2021. Y mientras tanto, en el Congreso de Brasil varias iniciativas legislativas buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta, incentivar más ocupa-ciones ilegales y deforestación en tierras federales y agudizar los conflictos crónicos en la zona. Fuente y foto: CGC