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 Los datos recogidos en el último informe cartográfico elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural sobre cultivos protegidos, hortícolas y flor cortada en las provincias de Cádiz y Sevilla confirman que la superficie de invernadero en 2017 crece un 24% en Sevilla y se mantiene estable en el caso de Cádiz.

Respecto a la provincia sevillana, este estudio recoge datos de siete términos municipales: Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Aznalcázar, Alcalá de Guadaíra, Utrera y El Cuervo, que engloban el 79% de la superficie de cultivos protegidos según el censo. La superficie estimada en el conjunto de los municipios es de 316 hectáreas, frente a las 292 hectáreas del año pasado, por lo que se confirma la tendencia ascendente de las dos últimas campañas.

Por municipios, los mayores incrementos los han experimentado Lebrija (que pasa de 75 a 85 hectáreas) y Los Palacios y Villafranca (de 134 a 143 hectáreas). Les siguen Utrera (con 37 hectáreas), El Cuervo (20), Aznalcázar (12), Las Cabezas de San Juan (11) y Alcalá de Guadaíra (8).

En el caso de Cádiz, los siete municipios de referencia son: Arcos de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia, Rota y Sanlúcar de Barrameda, lo que supone el 96% de todos los cultivos protegidos de la provincia. La superficie en estas poblaciones es de 887 hectáreas frente a las 888 hectáreas de 2016, por lo que en el conjunto de la zona se mantiene estable. Sanlúcar de Barrameda y Chipiona concentran la mayor parte de los invernaderos (80%).

La detección de invernaderos, como en años anteriores, se basa en el análisis de imágenes por satélite. En esta ocasión se ha optado por la utilización de imágenes del satélite Sentinel 2A, disponibles desde finales de 2015, y se empleó como base cartográfica el parcelario del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) más actualizado, el correspondiente a 2017. Sigpac es la herramienta que permite identificar geográficamente las parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos.

Andalucía oriental
A estos datos hay que unir los de Andalucía oriental, que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural presentó recientemente y según los cuales la superficie invernada supera las 34.900 hectáreas en esta zona. Esta cifra supone un aumento de más de 10 puntos porcentuales de las comarcas analizadas en comparación con los datos del primer estudio cartográfico de los invernaderos de este litoral, realizado en 2001. En estos invernaderos de Almería, Granada y Málaga se producen cuatro millones de toneladas de alimentos, que comprenden el 80% del pepino, el calabacín y la berenjena de España, y más del 70% del tomate de invernadero y del 60% del pimiento que se cultiva en todo el país.

El estudio de la parte oriental de Andalucía, titulado 'Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga', incluye más del 99% de la superficie protegida que existe actualmente en estas tres provincias, concretamente de 12 comarcas del litoral oriental andaluz. El 89% de la superficie total de invernaderos registrada en 2017 en esta zona se corresponde con el Campo de Dalías, Campo de Níjar y Bajo Andarax de Almería (31.034 hectáreas); el 9% con la provincia de Granada (3.087 hectáreas); y el 2% con el territorio malagueño (789 hectáreas).

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha destacado que estos estudios cartográficos realizados a partir de imágenes de satélite suponen "una interesante fuente de información para las administraciones públicas y empresas", ya que permite la realización de "una gran cantidad de estudios en campos muy diversos como el medio ambiente, la ordenación del territorio, la logística de transporte, las infraestructuras de suministro o la ubicación de los servicios" que demanda el sector.

Andalucía pide una normativa europea contra las prácticas comerciales desleales y un organismo que vele por su aplicación

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha informado en el Consejo Consultivo de Agricultura celebrado esta semana de algunas de las medidas que el Gobierno andaluz ha trasladado a la Unión Europea para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Para lograr este objetivo, la Junta apuesta por la eliminación de las prácticas comerciales desleales, la inclusión de mecanismos de reparto de valor y el incremento de la transparencia del mercado y la información relativa al sector agroalimentario.

Sánchez Haro ha explicado que el departamento que dirige respondió el pasado mes de noviembre a la Unión Europea a una consulta pública de la Comisión al respecto con un documento de posición del Gobierno regional. Esta comunicación oficial complementaba la información ya trasladada a Bruselas en agosto, cuando se solicitaba la opinión de los distintos territorios sobre la conveniencia o no de contar con una normativa común dirigida a evitar estas prácticas.

El titular de Agricultura ha apuntado que desde Andalucía se defiende la necesidad de contar con una regulación comunitaria relativa a estas relaciones desleales entre empresas y entre empresas y productores, que debe sumarse a la directiva ya existente para regular la relación de las entidades con los consumidores y productores en el mercado interior. Para ello, considera indispensable crear un marco legislativo que otorgue más poderes de inspección, sanción e intervención en este ámbito a las autoridades comunitarias. De esta forma, se lograría una mayor armonización en el ámbito europeo al evitar las disfunciones derivadas de los diferentes grados de intensidad de las sanciones impuestas por cada Estado miembro.

De hecho, la Consejería de Agricultura ha sugerido a Bruselas el establecimiento de una autoridad competente en la materia tanto en el ámbito comunitario como de los Estados miembro. Este organismo velaría por la correcta aplicación de la normativa y recibiría las denuncias que puedan producirse por abusos derivados de las prácticas comerciales desleales, garantizando el anonimato para evitar que el miedo a acusar a otra empresa perpetúe estas prácticas.

Otras medidas
El documento enviado desde Andalucía a la Comisión Europea también recoge la conveniencia de fomentar que se implanten instrumentos voluntarios, como los códigos de buenas prácticas, y de crear una lista abierta de prácticas comerciales desleales a prohibir y entre las que se debería incluir, por ejemplo, la venta a pérdidas. Este listado actualizable recogería todas las actuaciones consideradas como tal pero distinguiendo aquellas de carácter comunitario de las transacciones con terceros países.

Otra propuesta de la Consejería de Agricultura se encamina a combatir la asimetría de la información que existe en las relaciones contractuales del sector agrario, ya que actualmente se dispone de numerosos datos de la fase primaria de las transacciones pero no de las demás etapas de la cadena. Por esta razón, el consejero ha sugerido la creación de un Observatorio de Precios europeo similar al existente a nivel de la Junta de Andalucía, que aporte además referencias sobre costes y condiciones de las transacciones relativas a los eslabones intermedios del proceso, que serían de gran utilidad para la sociedad y los profesionales del sector. Desde Andalucía se apunta que el suministro de esta información debería ser obligatorio, pero sin suponer un incremento de la burocracia ni un obstáculo para la libre ejecución de los contratos dado el alto nivel de desarrollo y uso actual de medios tecnológicos avanzados.

Por último, otra de las peticiones del Gobierno regional a Bruselas se refiere a la inclusión de cláusulas de reparto de valor entre los agricultores, sus asociados y el primer comprador en los contratos de productos agrarios. Para hacer efectiva esta posibilidad sería necesario darle la máxima difusión entre los agentes del sector y que las administraciones se involucren asesorando a los interesados con el fin de favorecer acuerdos entre ambos eslabones de la cadena.Fuente: Junta de Andalucía