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Día internacional de acción para recoger firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea "People4Soil"

La carta, presentada el 22 de abril – Día de la Tierra, hace referencia al objetivo de la ONU de "detener globalmente la degradación de las tierras en 2030" y se dirige a la Comisión Europea, pidiendo que tome parte en este tema, ya que las políticas europeas ejercen una profunda influencia en los suelos del resto del mundo. El llamamiento fue lanzado por los organizadores de la Iniciativa Ciudadana Europea "People4Soil", de la que SEAE (www.agroecologia.net) es la entidad coordinadora en España, en nombre de las 500 organizaciones que están promoviendo la petición de la ICE en Europa (www.people4soil.eu). Piden al presidente de la CE, Claude Juncker, que detenga la degradación de las tierras y elabore un marco jurídicamente vinculante que cubra las principales amenazas del suelo.
En Europa hay 170 millones de hectáreas de suelos agrícolas, lo que equivale aproximadamente al 39% del territorio de la UE. No obstante, esta superficie no es suficiente para suministrar alimentos y materias primas a la población europea, que con el actual modelo de consumo predominante, necesitaría el doble de la superficie agrícola cultivada. Asimismo, Europa representa el 7% de la población mundial y tiene el 20% de las 1.600 millones de hectáreas de tierras agrícolas mundiales.
Los alimentos de alto valor proteico, los residuos alimentarios y los productos no alimenticios están entre las causas de la alta huella ecológica de los países que no forman parte de la Unión Europea, donde la seguridad alimentaria depende de pequeñas superficies agrícolas cultivadas per cápita, esto contribuye a la desnutrición, la pobreza y la migración de su población. Este es el caso de América del Sur, donde millones de hectáreas de agricultura intensiva reemplazaron a los bosques y la agricultura local, para producir piensos para el ganado europeo. También ocurre en el África subsahariana, donde las empresas europeas y asiáticas están tomando tierras y ocasionando el detrimento de las comunidades rurales, generando grandes flujos migratorios.
Si Europa tiene una necesidad tan fuerte de tierras cultivadas, ¿por qué no deberíamos proteger nuestros propios suelos? Cada día se sellan (constriuyen) o degradan 500 hectáreas de suelo y, en muchos casos, la degradación corresponde a una pérdida definitiva de este precioso recurso. "El suelo es el recurso natural más precioso y escaso de Europa, debemos protegerlo". En los últimos 50 años, la superficie cubierta por asentamientos e infraestructuras en Europa se ha duplicado hasta alcanzar los 20 millones de hectáreas, el doble de la superficie de Hungría. Por no mencionar todas las otras amenazas del suelo: 3 millones de sitios contaminados, 10 millones de hectáreas gravemente dañadas por la erosión y 14 millones en riesgo de desertificación Si realmente queremos que la comunidad europea detenga la degradación del suelo, debemos partir de un marco común: Se necesita urgentemente una legislación europea (Directiva) para proteger los suelos".
Una política activa de protección del suelo es también una política de seguridad y desarrollo económico: suelos saludables, ricos en materia orgánica permiten mejorar la producción agrícola y aumentar su resiliencia al cambio climático. Al mismo tiempo, detener la construcción intensiva de los territorios fértiles es la única manera de dirigir las inversiones inmobiliarias donde realmente se necesitan, en la regeneración de las ciudades. Es una política de desarrollo a largo plazo, que proteja los recursos y herencias europeas, pero también es la piedra angular de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Por esta razón, en el Día Mundial de la Tierra, las 500 organizaciones que apoyan la carta abierta a Juncker piden a los ciudadanos de la UE que soliciten la firma de la Iniciativa Ciudadana Europea en www.people4soil.eu.

COAG y el Frente Polisario estudiarán acciones conjuntas para que Marruecos no siga exportando de forma ilegal productos agrícolas del Sáhara Occidental

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y el Frente Polisario estudiarán acciones conjuntas para que Marruecos no siga exportando de forma ilegal productos agrícolas del Sáhara Occidental. Así se ha acordado durante la reunión en Madrid del responsable de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora, con la Delegada del Sáhara para España y miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, Jira Bulahi. Ambas organizaciones han analizado el contexto actual, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 21 de diciembre de 2016 que reconocía que los territorios del Sáhara Occidental están fuera del acuerdo comercial con Marruecos porque el derecho internacional no reconoce la soberanía del reino alauita sobre los mismos. La Sra. Bulahi ha agradecido el posicionamiento y las acciones de COAG a este respecto.

Asimismo, COAG ha trasladado su intención de continuar trabajando en esta cuestión, ya que es de gran importancia por las repercusiones que tiene para la situación de los mercados europeos de frutas y hortalizas, pero que también es relevante desde el punto de vista de la protección de los derechos de los consumidores y contribuyentes europeos.

COAG rechaza que la UE esté negociando con Marruecos la aplicación de una sentencia judicial, que no admite interpretación, y considera que se debe aplicar sin dilación. Por un lado, los consumidores deben ver asegurado su derecho a distinguir un producto procedente del Sahara Occidental de uno originario de Marruecos, algo que en la actualidad no es posible, y dar cumplimiento así a la normativa europea de etiquetado en la comercialización de frutas y hortalizas.

Por otro lado, la UE debe asegurarse de que no entran en el mercado comunitario productos agrícolas cultivados en los territorios del Sáhara Occidental como si fueran de Marruecos, tal y como viene ocurriendo hasta el momento. Este hecho supone una competencia desleal para los productores de la UE y la Comisión Europea debe investigar urgentemente los daños causados y revertir esta situación. Pero además, también supone un perjuicio para el contribuyente europeo por el incumplimiento continuado, y durante 16 años, del arancel aduanero común de la UE. Fuente: SEAE